21 Dic Un reglamento para dominarlas a todas
Fuente: Tribuna Libre
Hacer lo que se quiere justificando que es lo que se pide es una máxima que el actual gobierno municipal ha impuesto en los últimos tres años de legislatura. Amparándose en la voluntad popular que los puso en la cima de la pirámide de la política valenciana, imponen su criterio sin prueba documental alguna, con discursos grandilocuentes teñidos de conceptos como democracia participativa, cogestión o empoderización del ciudadano que, en realidad, son para ellos palabras huecas y vacías de contenido.
La auténtica realidad es que las decisiones adoptadas solo responden al imaginario de los visionarios que nos han tocado por gestores, así ha quedado la ciudad en este trienio; sucia, colapsada su movilidad y sin un plan de actuación comercial y turística. Una ciudad menos amable y participativa.
Ahora, temerosos de que la suma de factores no se repita en las próximas elecciones y no puedan aplicar su particular despotismo ilustrado de chancleta y camiseta, se han sacado de la manga una reforma del Reglamento Orgánico de la Administración de las Juntas de Distrito. Un plan b que les permita seguir mangoneando la política municipal en el más que probable caso que los desalojen del Cap i Casal. El objetivo no es otro que convertir a este órgano en una especie de agencia de colocación de acólitos, un mini gobierno en la sombra que siga garantizando que la red arácnida que tantos años les ha costado crear, perdure, y les garantice el sustento gobierne quien gobierne. Una sibilina forma de deformar el funcionamiento de las instituciones democráticas a su imagen y semejanza que, poco o nada tiene que ver con tener en cuenta la voluntad popular.
La revolucionaria idea es convertir a las Juntas de Distrito en “espacios donde el vecindario de cada distrito pueda opinar, proponer, debatir y decidir sobre las políticas del Ayuntamiento”, en palabras de la concejala de Participación y Transparencia, Neus Fàbregas. Exactamente lo que ya son las Juntas de Distrito, aunque suena más moderno hablar de “transformarlas en verdaderos espacios de construcción y toma de decisiones colectivas”, cuando en realidad quieren decir convertirlas en herramientas políticas para socavar la acción del nuevo gobierno y atascar la única vía efectiva que tiene el ciudadano para la comunicación vertical propositiva con los gestores de la ciudad.
Es cierto que, hasta ahora, únicamente tenían voz y voto los grupos políticos municipales, pero también es cierto que ciudadanos y asociaciones podían participar en ellas libremente, proponer, solicitar y tramitar sus sugerencias y reivindicaciones. Hacerse oír y canalizar -si lo deseaban- con los grupos municipales esas propuestas al pleno. Y, lo que todavía es más cierto, es que la mesa –siempre con mayoría del tripartito, ahora que gobiernan- pasaba el rodillo sobre toda propuesta crítica o propositiva que se presentara en este ejercicio de democracia popular. Una farsa de asambleísmo en la que sólo se actúa por ideología y que, ahora, que la zozobra impone desalojar el barco, se quiere reformar para garantizarse representación vitalicia.
El invento tiene un nombre rimbombante “vocalías ciudadanas”, que entrona y equipara al edil, al técnico y al ciudadano en terminología. Estos vocales “representantes de la sociedad civil” se elegirán entre las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades que tengan una actividad “efectiva” en la junta de distrito y supondrán el equivalente a un tercio del número de vocalías de los grupos políticos con representación municipal.
O, lo que es lo mismo, que la red asamblearia y asociativa que han creado especialmente Podem y Compromís, aquí el PSPV sigue en la figuereta, pueda aberroncharse al rocaje vivo de las Juntas de Distrito y mantener su actividad de presión social, justificando lo hecho e incidiendo y alimentando sus particulares comités de la república.
Claro que, el tripartido, jugando con el lenguaje prefiere definir este proceso como “el paso de una democracia representativa a una democracia participativa”, en la que Ayuntamiento y ciudadanía “cogestionan y codiseñan” las políticas públicas de los barrios de nuestra ciudad. En esencia, un reglamento para dominarlas a todas –las Juntas de Distrito-.
Los sólidos muros de la democracia pueden socavarse desde sus cimientos. Un golpe certero en su base, allá donde nadie miraba. Este es el primer paso.